Mañana, martes 12 de septiembre, miembros de la Asociación de Fórum y Afinsa “Ferraz-Génova”, afectados por la pérdida de sus ahorros por la intervención judicial de estas dos empresas hace 11 años, comenzarán una huelga de hambre en la Plaza de Carlos V (Atocha), en Madrid para que “se esclarezca la verdad, se restituya nuestra dignidad y nos devuelvan nuestros ahorros expoliados de forma ilegal”.
Los organizadores afirman que se irán sumando más voluntarios en días sucesivos, de cara a la celebración del Juicio de Fórum, que tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en la Audiencia Nacional. Esta nueva cita judicial se produce pocos meses después de la finalización del proceso contra los ex directivos de la otra empresa intervenida, Afinsa, y en la que fueron condenados su presidente, Antonio Cano (12 años y 10 meses), Albertino de Figueiredo, fundador de Afinsa (11 años); Carlos de Figueiredo, su hijo y consejero de la sociedad (11 años y 11 meses); y el jurista de la compañía, el exjefe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, José Joaquín Abajo (6 años y 3 meses), pero mientras nuevas evidencias dejan en entredicho todos los argumentos que llevaron a esta intervención.
Eran sociedades mercantiles, no financieras
El calvario de las casi 500.000 familias arruinadas por la intervención de las filatélicas Fórum y Afinsa, comenzó mucho antes del 9 de mayo de 2006. Salvo algún que otro privilegiado que fue avisado con antelación de los hechos que tendrían lugar, posibilitando con ello que pudiera rescatar el importe de sus contratos de inversión, nada sabían los clientes de lo que se preparaba contra las dos empresas. Nadie podía imaginar que, siguiendo el mandato del gobierno socialista, tal y como consta en un documento circulado por la propia Ejecutiva Federal del PSOE, (Revista Puntos de Vista del 19 de mayo de 2006), tan solo diez días después de la intervención, una orden directa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero culminaría en su ruina, a causa del cierre y clausura de la actividad de las dos empresas filatélicas en las que habían invertido, de manera completamente lícita, mediante la compra de filatelia.
La excusa para la intervención y la acusación de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal, era que se trataban de sociedades financieras. Las pruebas, que aumentan con el paso del tiempo, apuntan a que eran sociedades mercantiles. Según informa la Asociación de Fórum y Afinsa “Ferraz-Génova”, fue la propia Administración Concursal de Afinsa quién mandó un escrito al Juzgado de lo Mercantil de Madrid, con fecha 22 de junio de este año, en el que reconoce abiertamente que la actividad de la empresa no era financiera sino mercantil y que su contabilidad era, por lo tanto, “correcta”.
“Las consecuencias de la calificación de los contratos como ventas mercantiles son decisivas en el ámbito tributario, puesto que las declaraciones-liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido que presentó Afinsa entre los años 1998 a 2005 son, básicamente, correctas” y los contratos firmados con sus clientes “son legales y por lo tanto continúan estando vigentes a día de hoy”, lo que les permitiría recuperar sus ahorros de muchos años que se perdieron cuando se decidió la intervención de estas dos empresas.
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